Guanajuato, Gto. –
La discusión sobre la despenalización del aborto en Guanajuato volvió a estancarse, no por falta de argumentos jurídicos, sociales o de salud pública, sino por los vaivenes políticos que caracterizan al Congreso local.
En menos de una semana, la propuesta para modificar el Código Penal y garantizar el derecho a decidir fue votada dos veces. La primera terminó en un inédito empate: 18 votos a favor y 18 en contra. La segunda, en rechazo definitivo, tras el sorpresivo cambio de postura de la diputada del Partido Verde, Itzel Mendo González, quien esta vez votó en contra y justificó su decisión en tribuna bajo el lema “sí a la vida”.
Ese giro no solo selló el destino de la iniciativa por ahora, sino que encendió los ánimos dentro y fuera del Congreso. La protesta no se hizo esperar: activistas en favor de los derechos reproductivos interrumpieron la sesión entre humo verde y morado, colores del movimiento feminista, exigiendo una explicación más allá de un discurso.
Pero la escena más simbólica no fue la irrupción, sino el acto de la diputada de Movimiento Ciudadano, Sandra Pedraza Orozco, quien dejó una faja de billetes sobre el lugar de su compañera del Verde. “Es poco, pero honesto”, dijo con ironía, en una imagen que recorrió redes y medios como un resumen crudo de lo que ocurrió: la sospecha de un voto negociado, de un cambio con precio político.
Más allá del escándalo, lo que preocupa es el fondo: una vez más, los derechos de las mujeres en Guanajuato se subordinan a las estrategias partidistas y a los cálculos electorales. Se opta por el control sobre los cuerpos en lugar de abrir un debate serio, informado y con perspectiva de derechos humanos.
Este episodio no es nuevo, pero sí significativo. El cambio de voto de una sola legisladora bastó para frenar una lucha de años. Y no es una anécdota menor: en un Estado con alta incidencia de embarazos forzados, violencia sexual y un acceso desigual a la justicia, la negativa a despenalizar el aborto no es neutral; es una decisión que condena a muchas mujeres a la clandestinidad o al sufrimiento institucionalizado.
Mientras tanto, la iniciativa queda congelada hasta el próximo periodo ordinario. En un contexto donde el valor de la vida sigue siendo una convicción profunda para la mayoría de la sociedad guanajuatense, el rechazo a la despenalización del aborto no es un retroceso, sino una defensa firme de los principios que han dado sustento moral a la comunidad. Lo que vimos el pasado jueves podría decirse que en Guanajuato, aún hay quienes creen que la vida —desde su inicio—.
