Guanajuato, Gto., septiembre 2025.-
La identidad de las y los mexicanos está en proceso de transformarse con la aprobación de la Clave Única de Registro de Población (CURP) biométrica, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum y decretada en julio de 2025 a través de la Ley General de Población y la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas y del Sistema Nacional de Búsqueda.
Este mecanismo pretende convertirse en la llave maestra para acceder a trámites administrativos, educativos y bancarios, al integrar no solo los datos tradicionales como nombre, sexo y fecha de nacimiento, sino también huellas digitales, reconocimiento facial y escaneo de iris. El Gobierno Federal sostiene que la medida fortalecerá la seguridad y evitará fraudes de identidad; sin embargo, especialistas en derecho digital advierten que el mayor reto no es tecnológico, sino legal. La concentración de información altamente sensible en una base nacional carece aún de suficientes candados jurídicos para garantizar su protección y abre la puerta a riesgos de filtraciones, hackeos o mal uso de la información.
En Guanajuato, la implementación se encuentra en una etapa de preparación: se espera que en octubre de 2025 inicien las adecuaciones para que a principios de 2026 la CURP biométrica sea obligatoria, aunque por ahora la población sigue operando con la CURP tradicional.
El desafío, subrayan expertos, radica en asegurar que el nuevo modelo no derive en prácticas de vigilancia masiva ni en la exclusión de comunidades con baja infraestructura digital. La verdadera pregunta es si México será capaz de blindar este sistema con protocolos de seguridad, sanciones claras y mecanismos de rendición de cuentas, para evitar que lo que se anuncia como un avance termine vulnerando los derechos fundamentales de la ciudadanía.
