Tras 568 horas de bloqueos, protestas y reuniones, el sector agrícola da por terminadas las movilizaciones
Silao, Gto., 7 de noviembre de 2025.-
Luego de 568 horas de manifestaciones, bloqueos carreteros, plantones en plantas procesadoras de maíz como Maseca y Cargill (Irapuato) y múltiples reuniones con autoridades, el sector agrícola logró finalmente un acuerdo que estabiliza el precio base del maíz en 5 mil 200 pesos y un apoyo adicional de 950 pesos, lo que representa un pago total de 6 mil 150 pesos por tonelada.
El encuentro, realizado en modalidad remota después del mediodía, reunió a representantes del sector industrial, del Gobierno Federal y del Gobierno del Estado, quienes establecieron diálogo directo con los líderes de agricultores. Durante la reunión, los productores expusieron las necesidades que los llevaron a emprender una protesta que tuvo eco a nivel nacional que impactó no sólo al campo, sino también a otros sectores económicos, conscientes de que sin el campo la economía de México está en riesgo.
Las movilizaciones iniciaron con la exigencia al Gobierno Federal de establecer un precio de garantía justo para el maíz. Aunque en un principio se alcanzaron acuerdos parciales, estos no convencieron del todo al sector agrícola. Posteriormente, surgió otro problema: los acaparadores e intermediarios intentaron aprovechar los apoyos oficiales para reducir aún más el precio del grano, lo que encendió nuevamente el descontento entre los campesinos.
Ante ese escenario, se logró concretar una negociación directamente con las empresas procesadoras de maíz para eliminar la intervención de intermediarios y garantizar que el pago completo de 6 mil 150 pesos por tonelada llegue directamente a los productores. Tras el acuerdo, se liberaron las instalaciones industriales que habían permanecido bloqueadas durante los últimos días.
Las autoridades federales aclararon que estos acuerdos no son definitivos, sino parte de una mesa de solución abierta. Además, informaron que se instalará una mesa técnica conjunta con el Gobierno del Estado para coordinar el trámite del apoyo de los 950 pesos, con el objetivo de evitar procedimientos burocráticos que impidan a los beneficiarios acceder a los recursos.
A pesar de que se había asegurado que no habría represalias contra los manifestantes, durante la reunión trascendió que la Fiscalía General de la República notificó a varios líderes campesinos por el delito de obstrucción de las vías de comunicación, lo que generó inconformidad y molestia entre los participantes.
Finalmente, con sentimientos encontrados, los agricultores levantaron sus campamentos, retiraron los tractores de las carreteras y regresaron a sus comunidades. Aunque lograron mantener el precio que ya se venía recibiendo y evitar la intermediación, el ánimo fue de frustración y desánimo, ante lo que consideraron indolencia gubernamental, ventaja de la industria y amenaza en materia de seguridad.
