Guanajuato, Gto., 2 de octubre del 2026.-
Mientras en días pasados un grupo de jóvenes llevó a las calles sus reclamos por los hechos registrados en el centro de Guanajuato capital, autoridades estatales y la Universidad de Guanajuato concentraron el seguimiento del caso en quienes estuvieron directamente involucrados y en sus familias.
Este jueves se llevó a cabo una reunión de acompañamiento, diálogo y atención con estudiantes y madres y padres de familia, en la que participaron representantes de la Universidad de Guanajuato, la Secretaría de Gobierno del Estado, la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, la Fiscalía General del Estado y la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas.
La presencia de estas instituciones permitió abordar el caso desde los distintos ámbitos de competencia que intervienen en una situación de esta naturaleza, desde la atención a víctimas y la protección de derechos humanos hasta el seguimiento de las investigaciones correspondientes.
A diferencia de la expresión pública registrada durante el desfile conmemorativo de la Toma de la Alhóndiga, la reunión institucional tuvo como eje a las personas directamente afectadas por los hechos y a sus familias, con el propósito de conocer sus necesidades y dar continuidad a su atención.
La movilización pública generó pronunciamientos y demandas en torno al caso; sin embargo, la atención institucional se ha encaminado a establecer una ruta formal para quienes resultaron afectados, independientemente de las expresiones o intereses que distintos actores hayan podido plantear alrededor de los acontecimientos.
En este sentido, las autoridades participantes refrendaron su disposición para intervenir dentro de sus respectivas atribuciones y dar seguimiento a las acciones que correspondan, mientras la Fiscalía mantiene las investigaciones relacionadas con los hechos.
La Universidad de Guanajuato reiteró su respaldo a los estudiantes y sus familias y señaló que mantendrá abiertos los espacios de diálogo y atención, bajo los principios de legalidad, debido proceso y respeto a los derechos humanos.
De esta manera, el caso mantiene una ruta institucional en la que participan las dependencias con competencia directa, con el objetivo de que las personas afectadas reciban atención y que los hechos sean esclarecidos conforme a derecho.
