Ciudad de México .– La llamada “Ley Espía”, conformada por dos reformas clave en materia de seguridad, avanza en el Congreso de la Unión en medio de una fuerte polémica nacional. Se trata de modificaciones a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y a la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Seguridad Pública, aprobadas por la Cámara de Diputados el pasado 26 de junio y actualmente en revisión por el Senado.
Estas reformas otorgan a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a la Guardia Nacional y al Centro Nacional de Inteligencia la facultad de acceder a información altamente sensible, incluyendo datos biométricos, bancarios, fiscales, médicos, de telecomunicaciones y geolocalización, tanto de fuentes públicas como privadas.
Aunque desde el discurso oficial se ha insistido en que el acceso a estos datos estará bajo control judicial, partidos de oposición como el PRI, PAN y Movimiento Ciudadano advierten que no existen mecanismos reales de supervisión, lo que podría derivar en un esquema de vigilancia masiva sin contrapesos.
El gobierno federal, por su parte, justifica la iniciativa con el argumento de que permitirá agilizar investigaciones sobre delitos graves como homicidio, narcotráfico y extorsión, al facilitar el cruce de datos y la identificación de presuntos responsables.
Sin embargo, las críticas no han cesado. Organizaciones civiles y sectores políticos han señalado que esta legislación abre la puerta a la vigilancia sin límites, pone en riesgo la privacidad de la ciudadanía por la exposición de datos sensibles, y podría facilitar la persecución política. También se advierten afectaciones particulares a grupos vulnerables.
El dictamen avanza en periodo extraordinario, con el respaldo de Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México, quienes buscan su aprobación antes del 2 de julio. Posteriormente, deberá elaborarse una ley secundaria en un plazo de 90 días, que definirá los alcances operativos de estas reformas, en un contexto marcado por la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
