Ciudad de México, 3 de agosto de 2025
A más de 16 años de la tragedia infantil más dolorosa en la historia reciente de México, este fin de semana fue detenida en Estados Unidos Sandra Lucía Téllez Nieves, una de las socias y copropietarias de la Guardería ABC, señalada como una de las responsables del incendio que provocó la muerte de 49 niños y dejó con lesiones a más de un centenar.
De acuerdo con colectivos de familias afectadas, la detención ocurrió en el estado de Arizona, en cumplimiento de una ficha roja de la Interpol y de una orden de reaprehensión emitida por autoridades mexicanas desde febrero de 2022. Téllez Nieves se encuentra actualmente bajo custodia en el Centro de Detención de Eloy, a la espera de un proceso de extradición.
La Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó que se activaron los mecanismos legales correspondientes para que la detenida sea entregada a las autoridades mexicanas y cumpla con la sentencia definitiva que se le impuso por su responsabilidad en los hechos del 5 de junio de 2009, cuando se incendió la Guardería ABC en Hermosillo, Sonora.
El incendio que marcó a México
La tragedia ocurrió en una estancia infantil subrogada por el IMSS, ubicada en una bodega adaptada, sin salidas de emergencia adecuadas ni protocolos de seguridad. Las llamas iniciadas en una bodega contigua —propiedad de la Secretaría de Hacienda estatal— se extendieron rápidamente hacia la guardería, dejando atrapados a más de 140 menores y personal educativo.
El incendio cobró la vida de 49 niñas y niños y dejó con quemaduras, secuelas físicas y psicológicas a más de 70 menores. El caso generó una profunda indignación social al revelarse una red de negligencia, omisiones y presuntos actos de corrupción para proteger a los propietarios del inmueble y operadores de la guardería, entre ellos personas vinculadas con figuras políticas de alto nivel durante el sexenio de Felipe Calderón.
Una lucha por justicia que no cesa
Desde entonces, las familias de las víctimas han encabezado una batalla legal que ha obligado al Estado mexicano a reabrir investigaciones, reformar normativas de protección infantil y asumir públicamente la responsabilidad por omisiones graves.
Organizaciones como el Movimiento 5 de Junio han exigido constantemente el cumplimiento de las sentencias y la detención de todos los responsables, incluidos los dueños, funcionarios públicos y personal del IMSS.
